El sistema penitenciario de México enfrenta una crisis persistente que vulnera los derechos fundamentales de miles de personas privadas de la libertad. Así lo muestra el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que evalúa las condiciones de reclusión en las 32 entidades federativas, el sistema federal y las prisiones militares.
Tomando en cuenta 278 centros penitenciarios —261 estatales, 14 federales y 3 prisiones militares—, la población carcelaria acumulada es de más de 246 mil personas privadas de la libertad: 231 mil 528 hombres y 15 mil 003 mujeres que viven en condiciones que van desde la sobrepoblación extrema y la carencia de servicios básicos de salud hasta la injerencia de grupos delictivos en el control operativo interno.
A nivel nacional, la sobrepoblación penitenciaria registró un incremento sustancial al cierre de 2025. Según lo recopilado por el organismo, 142 centros penitenciarios del país tienen sobrepoblación, con 29 mil 388 personas privadas de la libertad por encima de la capacidad instalada.
La escasez de personal de seguridad y custodia propicia escenarios de riesgo tanto para la población interna como para las personas trabajadoras. Foto: Cuartoscuro / Archivo
Entre las entidades federativas que reportan mayor sobrepoblación durante 2025 están Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Sin embargo, el informe pone énfasis en las irregularidades vinculadas con la medición de la capacidad penitenciaria real.
Durante los recorridos de supervisión presencial, la institución constató que diversos centros dependen de la habilitación improvisada de dormitorios y áreas comunes para absorber el excedente de personas internas, en múltiples ocasiones con recursos aportados por ellas mismas o sus familias.
El organismo celebra la creación de espacios dignos al mismo tiempo que "precisa y reitera a las autoridades la importancia del reporte transparente de los espacios habilitados, en la mayoría de los casos con recursos de las mismas personas privadas de la libertad, sin condiciones dignas, lo cual no es parte de la capacidad oficial instalada, como tampoco las áreas de tránsito". Dicha saturación acentúa el deterioro de la infraestructura sanitaria y dificulta el mantenimiento de condiciones mínimas de higiene, ventilación y descanso digno.
La carencia de servicios médicos y la falta de personal especializado constituyen una de las fallas más comunes en el sistema carcelario nacional. Durante el periodo de enero a diciembre de 2025 se tramitaron 2 mil 856 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos dentro del sistema penitenciario; en 2 mil 800 casos se identificó a las autoridades de los Centros Federales de Reinserción Social como probables responsables.
Al analizar los motivos de inconformidad de la población privada de la libertad y sus familiares, la CNDH consigna que el 60 % obedeció directamente a deficiencias en la atención a la salud y a la omisión de tratamientos médicos oportunos.
La escasez de personal médico es otra limitante. Para la atención de los 261 centros penitenciarios de administración estatal distribuidos en las 32 entidades federativas, los gobiernos locales disponen de una plantilla total de apenas 731 médicas y médicos.
En tanto, en el sistema federal los 14 Ceferesos —que albergan a 20 mil 666 personas— cuentan solo con 102 médicos adscritos. Respecto al personal de apoyo en el fuero común, se contabilizaron 973 personas de enfermería y 231 profesionales de odontología para toda la red estatal.
El déficit se agudiza en la especialidad de psiquiatría y salud mental: en la totalidad de los Ceresos estatales únicamente laboran 23 médicos psiquiatras. El nivel federal muestra un vacío similar: en 7 de los 14 Ceferesos supervisados —entre los que se encuentran los de Nayarit, Veracruz, Durango, Oaxaca, Chiapas y Michoacán— existe una ausencia total de psiquiatras para poblaciones que alcanzan hasta 2 mil 345 personas internas por centro.
"En los resultados, destaca que el 100 % de los centros federales presenta insuficiencia de vías para la remisión de quejas y probables violaciones a los derechos humanos, el 92.9 % insuficiencia de personal de seguridad y custodia, en tanto que el 85.7 % tiene deficiencias en la atención a personas adultas mayores", añade el documento.
Animal Político publicó este martes uno de los aspectos de los que poco se sabe en la atención a la salud de las mujeres: las condiciones en las que acceden al aborto. Mientras que la Secretaría de Salud federal no cuenta con estadísticas desagregadas al respecto, la Ciudad de México reporta una incidencia de cero, pese a que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 registró que un 20 % de las internas en el país dijeron haber vivido un aborto, sin que se especificara si voluntario o espontáneo ni mediante qué procesos.
Centros estatales y federales tienen deficiencias para la imposición de sanciones disciplinarias. Foto: Cuartoscuro / Archivo
Las condiciones de gobernabilidad dentro de algunas cárceles están seriamente comprometidas por la falta de personal penitenciario y la presión de grupos delictivos. El diagnóstico subraya que la escasez de personal de seguridad y custodia imposibilita un control efectivo y propicia escenarios de riesgo permanente tanto para la población interna como para las personas trabajadoras.
"Las áreas de oportunidad con mayor recurrencia se relacionan con condiciones de gobernabilidad, particularmente en contextos marcados por fenómenos de violencia e incidencia de la delincuencia organizada que impactan en la seguridad institucional, el ejercicio del control penitenciario y el adecuado funcionamiento de los centros", sostiene el documento.
A la falta de control directo por parte de la autoridad, se suma la falla sistemática en la separación y clasificación de las personas privadas de la libertad. Esta registró un deterioro al pasar del 94.5 % de los centros estatales con deficiencias en 2024, al 98.9 % en 2025 —258 de los 261 supervisados—. Esta omisión refiere a juntar a personas procesadas con sentenciadas, o a internos de fuero común con fuero federal, lo que contraviene disposiciones institucionales.
La fragilidad del sistema se reflejó en 990 incidentes violentos de enero a diciembre de 2025 en las instalaciones carcelarias del país —694 en centros estatales y 296 en federales, sin reporte de sucesos en prisiones militares—. En total, hubo 805 riñas, 101 suicidios, 55 muertes violentas, 11 fugas, 9 casos de abuso y 6 de registro o maltrato, así como tres motines en prisiones estatales de Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz.
Entre agosto y septiembre de este año, Animal Político documentó la creciente violencia en el penal femenil de Santa Martha en la Ciudad de México, donde entre marzo y junio, seis mujeres fallecieron en circunstancias no aclaradas. Testimonios desde el interior han evidenciado una estructura permisiva sostenida en extorsiones, impunidad, confinamiento en módulos de alto riesgo y cobro sistemático de cuotas a internas y sus familias.
Por otro lado, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria precisa que la vulnerabilidad se profundiza entre las poblaciones que requieren atención diferenciada o prioritaria: en 66 centros penitenciarios locales se detectaron deficiencias específicas en la atención prestada a las mujeres privadas de la libertad y a sus hijas o hijos que viven con ellas en reclusión, que carecen de insumos pediátricos, alimentación adecuada e instalaciones idóneas.
Animal Político reportó en diciembre de 2025 las condiciones de mujeres madres privadas de la libertad y sus hijos e hijas en el penal de Chiconautla en Ecatepec, donde, como en el resto de los centros penitenciarios, pueden criarlos hasta los tres años. Vivir la primera infancia en esas circunstancias, sin la infraestructura adecuada, puede impactar el desarrollo y las condiciones de bienestar necesarias para el crecimiento de las infancias.
Respecto de la justicia disciplinaria, el informe identificó arbitrariedades y fallas de procedimiento, pues el 83.9 % de los centros estatales (219) y el 78.6 % de los federales (11) tienen deficiencias para la imposición de sanciones disciplinarias, por falta de garantía de audiencia y ausencias en los registros formalizados. Además, en el 100 % de los centros federales se constató una insuficiencia de canales formales e independientes para presentar quejas sobre abusos cometidos por el personal penitenciario.
También lee: Infancias en prisión: tres años para amar y soltar entre un desarrollo limitado y la infraestructura insuficiente
El ejercicio de supervisión de 2025 amplió de manera técnica y geográfica su alcance con el objetivo de evaluar todos los establecimientos en operación. Las visitas alcanzaron a 261 centros estatales, 14 centros federales y 3 prisiones militares, por lo que los resultados de esta edición no son aritméticamente comparables de forma directa con los presentados en 2024.
Además, la guía de supervisión no se aplicó en dos centros estatales de Sinaloa —Centro Penitenciario Aguaruto y Centro Penitenciario Región del Évora— debido a riesgos derivados del crimen organizado y el incremento de la violencia.
El documento apunta que la evaluación busca servir como un diagnóstico técnico objetivo para orientar las políticas públicas del Estado mexicano, al evidenciar las deficiencias estructurales que persisten en la custodia, la salud y la gobernabilidad de las prisiones del país.