La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), producto de los acuerdos entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016, enfrenta hoy un riesgo de recorte presupuestal de más de 90 millones de dólares. Una intención de reducir su mandato y limitar sus funciones. Justo cuando están comenzando los comparecientes ―tanto exguerrilleros como agentes de la fuerza pública― a cumplir condenas y sanciones alternativas a la cárcel ordinaria, tras haber aportado verdad y haber asumido responsabilidades directas por sus crímenes en el marco del conflicto armado colombiano.
"Estamos en el pico final de las investigaciones y de los juicios. Es un periodo muy crítico que requiere recursos", dijo el presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, en entrevista con DW.
El magistrado de 56 años subraya que las intenciones de recortar presupuesto para el próximo año supondrían problemas para la contratación de abogados, esquemas de seguridad, apoyo psicosocial a las víctimas y la continuidad de las audiencias en territorio.
Ante estas iniciativas legislativas y presupuestales que cursan en el Congreso, que buscarían, además, afectar la independencia y el funcionamiento del tribunal, el magistrado Ramelli decidió poner la situación en conocimiento de la ciudadanía y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Una acción que rechazó el presidente, Abelardo de la Espriella, diciendo que no tiene una política de venganza contra la JEP y que como mandatario tiene el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe como un régimen de beneficios y no como el cierre efectivo de la impunidad.
"Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", escribió de la Espriella en un comunicado.
"No es personal", contestó Ramelli en entrevista con DW, refiriéndose a la postura del presidente colombiano. "Siempre he querido insistir en que es un debate de derechos fundamentales. Aquí lo que está de por medio son la garantía de los derechos de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas", enfatizó el magistrado.
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP en entrevista con DW.DW
Ramelli recuerda que todos los gobiernos tienen que cumplir la Constitución y el Acuerdo de Paz; pero, sobre todo, tienen que cumplirle a las víctimas.
La JEP ha acreditado a más 340.000 víctimas y ha sometido a más de 13.400 comparecientes (entre exintegrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles), el mayor esfuerzo de justicia restaurativa a nivel global, según lo expresado por Naciones Unidas.
Por eso, a Ramelli le parece desacertado que, además, le estén buscando recortar a la JEP el tiempo de funciones hasta el año 2028, pese a que en el acuerdo de paz de 2016, están consagradas por cinco años más.
"Esto perjudica a las víctimas, a nadie más", continúa Ramelli, quien destaca al mismo tiempo, cómo hoy, gracias a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el exjefe de las extintas FARC Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko", junto con otros seis integrantes del último Secretariado de las extinta guerrilla y otros seis de la fuerza pública, iniciaron el cumplimiento de sanciones propias impuestas por el tribunal, por medio de la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila, junto a otras acciones en Bogotá.
"Algo que jamás se había visto", resalta Ramelli, pues ver a exguerrilleros y a la fuerza pública reparando conjuntamente a las víctimas, es una muestra del valor de la paz. Lo que hace que todo valga la pena, sostiene el jurista.
El recorte presupuestal a la JEP, "como ha sido planteado, es un ataque que se junta a otros dos: limitar su competencia y recortar su tiempo de funcionamiento", opina también Rodrigo Uprimny, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, consultado por DW.
Desde el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, Uprimny ha advertido que esta búsqueda de reformas contra la JEP no sólo contradice el Acuerdo de Paz, sino que además, genera riesgos de impunidad y de desconocimiento de los derechos de las víctimas.
Pablo Catatumbo, exmiembro del Secretariado de las FARC-EP y hoy senador, recuperando cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila, como parte del cumplimiento del inicio de sus sanciones.JEP
Para Marc Hofstetter, profesor de la facultad de economía y director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la Universidad de los Andes, sin embargo, el recorte del presupuesto pensado para la JEP, aunque sea una migaja dentro del grueso del presupuesto nacional colombiano, obedece a que el país tiene que hacer ajustes económicos por todo el aparato estatal y la JEP no tiene, dice Hofstetter, "que yo sepa", ningún estatus especial que la haga inmune a tener que contribuir con una parte de ese ajuste.
Más aún, continúa Hofstetter, cuando el déficit económico del año entrante en Colombia será del 9 % del PIB, un pronóstico insostenible. Ahora, continua el profesor de economía para DW, "que el Gobierno le haya pedido ese ajuste a la JEP y todavía no le haya pedido lo mismo a otras entidades, para ser justo, seguramente sí refleja una antipatía del Gobierno hacia la JEP", una posición que viene clara desde la campaña presidencial y por lo que votó la gente, finaliza el docente.
Para la embajadora alemana en Colombia, Martina Klumpp, existen críticas y reclamos justificados respecto a la labor de la JEP, y hay decepciones, dolor y sufrimiento muy comprensibles por parte de víctimas y victimarios. No obstante, en su totalidad, el balance del trabajo del tribunal es positivo y alentador, dijo a DW la representante de uno de los países que ha colaborado con Colombia en la construcción de paz.
"La JEP ha sancionado los primeros máximos responsables de ambos grupos, FARC-EP y Ejército de Colombia. Justamente la semana pasada empezaron las primeras acciones de reparación en el Tolima y en Valledupar. Otras sentencias están por publicarse", comenta Klumpp.
Por eso, según la diplomática, es un momento crucial para darnos cuenta de que el sistema de justicia transicional "sí funciona" y que hay que dejarle el tiempo necesario para que se logren sus objetivos de verdad, justicia, reparación y no repetición de la mejor forma posible.
"No se debe olvidar que la institución lleva apenas ocho años funcionando, en un conflicto que ya tiene más de 60", recuerda Klumpp. Mientras señala que, en otros procesos de justicia transicional internacional comparables en magnitud con la JEP, como en los casos de los genocidios en Ruanda y en la ex Yugoslavia, pasaron décadas antes de que se emitieran sentencias.
"No puede haber un borrón y cuenta nueva", dice Klumpp. Por eso, son tres las instituciones pilares del Acuerdo de 2016: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP.
Las tres han podido contar con el apoyo de la cooperación alemana, porque siempre, recuerda la embajadora alemana en Colombia, "las hemos considerado como instituciones indispensables de reparación y reconciliación".
Pero, ¿por qué tanta oposición política a un tribunal que ha permitido que miles de víctimas conozcan la verdad de lo que les pasó a sus familiares durante el conflicto armado en Colombia?
"Creo que hay ciertas verdades que incomodan y que quisieran que no salieran a la luz", continúa diciendo a DW Alejandro Ramelli, a punto de dejar la presidencia de la JEP.
Detalla que retomará en noviembre sus investigaciones dentro del organismo, sobre "ejecuciones extrajudiciales". Pero confiesa que está lejos de sentir nostalgia por dejar la presidencia del tribunal. Pues aunque le ha dejado profundas satisfacciones éticas, morales y de reparación a miles de víctimas del conflicto armado, también le ha dejado una pesada carga física y emocional, que ya le ha pasado factura a su salud.
"Se me ha subido la tensión, me he enfermado, me ha pasado de todo", cuenta Ramelli a DW, mientras describe la constante presión política y los ataques personales que ha tenido que enfrentar durante su mandato, en donde además ha tenido que dedicar buena parte del tiempo a defender la labor de esta justicia restaurativa que, resalta orgulloso, ha contado con el respaldo constante y el monitoreo del Consejo de Seguridad de la ONU, así como de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Pero la oposición política tramita también en el legislativo que los militares que están hoy bajo la jurisdicción de la JEP pasen a la justicia penal militar. "Una equivocación", opina el presidente Ramelli, quien destaca que los crímenes de guerra no pueden ser investigados por la justicia penal militar.
Pasar a esa justicia, le generaría una gran inseguridad jurídica a la fuerza pública, que hoy se beneficia de las sentencias de la JEP, considera el magistrado Ramelli. En lugar de ir a prisión ordinaria, por delitos internacionales como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales ("falsos positivos"), la tortura, los abusos sexuales o los crímenes de lesa humanidad, hoy, esta justicia especial, los somete a trabajos de reparación a las víctimas, a cambio de contar la verdad y asumir responsabilidades.
La JEP ha logrado escuchar, en 8 años, el testimonio de al menos 16.000 víctimas individuales en el marco de sus diferentes macrocasos y procedimientos judiciales. Ha emitido 333 imputaciones contra máximos responsables en 21 decisiones judiciales, dentro de ocho macrocasos que investigan los crímenes más graves del conflicto armado. Ha resuelto la situación jurídica de 609 comparecientes. Ha representado judicialmente a 20.160 víctimas y 13.382 han recibido acompañamiento psicosocial.
Además, en el marco de medidas cautelares, 238 cuerpos han sido identificados y 147 ya fueron entregados a sus familias.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la unidad enfrenta para 2027 una reducción de recursos que pone en riesgo capacidades esenciales para continuar la búsqueda humanitaria y extrajudicial de más de 137.000 personas desaparecidas.
La principal afectación se concentra en la inversión, recursos que financian directamente las investigaciones, las intervenciones forenses, los laboratorios de identificación, la presencia territorial, la participación de las familias, la infraestructura y la tecnología que hacen posible la búsqueda.
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(rml)